Uno de los términos más de moda en la comunicación política es el llamado Open Government, Gobierno Abierto. Una de las máximas del gobierno abierto es asumir el compromiso de garantizar que la administración y todos los servicios públicos que el Estado brinda puedan ser supervisados por la comunidad, es decir, que estén abiertos al escrutinio de la ciudadanía.
Imagen. Grodmar Project (http://grodmar.com)
Considero que, como punto de llegada, es una meta muy ambiciosa y de enorme interés para toda la sociedad pero, no por ser un magnífico fin, es algo de fácil aplicación en nuestro país ya que para lograr ese objetivo son muchísimas las cosas que, de entrada, se tienen que cambiar, adaptar y mejorar.
Existen una serie de medidas, iniciales, que nos pueden aportar un punto de partida algo más favorable para la consecución de un gobierno abierto como la transparencia económica y relativa a todos los procesos de contratación de las diferentes administraciones. A la que se pueden sumar numerosas iniciativas enfocadas a una mayor democracia interna en los partidos, la transparencia propia de los partidos, sindicatos,... Conocer la gestión de los recursos con los que cuentan gracias a los impuestos de los ciudadanos.
Pero existe una condición inicial, básica, que permite que las cosas puedan avanzar y el Open Government sea algo más que una utopía, un deseo o una promesa encima de la mesa: situar al ciudadano como el centro de toda la actividad política. Ser consciente de que el verdadero valor de una democracia es el ciudadano que es quien debe ser el objeto y fin de la actividad política. Hasta que no logremos este enfoque, esta realidad, podremos hablar mucho de Open Government pero nos quedaremos, una vez más, en un deseo con pocos visos de materializar.
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